13 agosto, 2012

Las reformas urgentes que requiere el País quizá tengan que esperar… hasta 2014

Entre los muchos absurdos que contiene nuestro sistema electoral está el límite para que el máximo Tribunal en materia electoral califique la elección presidencial.

Los comicios tienen  lugar  el 1 de julio. Los cómputos distritales concluyeron el 8 de julio. Sin embargo, el Tribunal tiene hasta el 6 de septiembre, 68 días tras la elección, para determinar quién ganó.

En ese periodo, además, como cualquier fiscal competente sabe, no se van a resolver las impugnaciones que se han hecho, sobre todo por parte del Movimiento Progresista.

Van a tardar varios meses más, en el mejor de los casos. De modo que estamos en el peor de los mundos. Ni se resolverán pronto las impugnaciones ni tampoco se puede esperar la calificación a que éstas se encuentren resueltas.

Así que vamos a dejar pasar más de dos meses de la elección antes de conocer oficialmente a quien ganó y luego vamos a tardar otros 85 días para que ocurra la toma de protesta y el arranque del nuevo Gobierno.

Si estuviéramos en un mundo en el que todo marcha en cámara lenta, tal vez estos periodos serían irrelevantes y quizás hasta útiles. Sin embargo, estamos en un entorno en el que las condiciones cambian semana tras semana, y perder este tiempo es algo que vamos a lamentar.

Entre otras cosas, hay dudas y más dudas respecto a lo que podemos esperar del nuevo Gobierno. Sin embargo, como el triunfo de Peña aún no está legalmente validado, entonces no se puede declarar Presidente electo.

Haciendo un recorrido por las instituciones que están involucradas en  la administración pública, resulta que no han tenido contactos formales con el equipo del candidato ganador.

Por ejemplo, si el Tribunal se toma todo el tiempo que la ley le da para calificar, entonces el resultado será que dependencias como Hacienda van a estar recibiendo quizás en la segunda quincena de septiembre a los integrantes del equipo de transición.

En años no electorales, para esas fechas, el Presupuesto ya habría sido enviado al Congreso. En años como éste ni siquiera estará hecho.

En este contexto, se ve sumamente difícil que algunas reformas en materia económica puedan enviarse antes del arranque de la nueva Administración.

Los tiempos se han estrechado. Quizá si el clima postelectoral hubiera sido otro, la calificación de la elección sería inminente o ya se hubiera realizado y, por lo tanto, el lapso efectivo para la transición sería mayor. No fue así.

Por ejemplo, no se ve cómo se pueda proponer una reforma fiscal, que es condición para algunas otras de las propuestas, cocinándola apenas en unas cuantas semanas.

A riesgo de equivocarme, en el mejor de los casos, se podrían poner a consideración del Congreso propuestas para discutirse probablemente en el primer periodo de sesiones del 2013 y, por lo tanto, probablemente para operarse ¡hasta el 2014!

enrique.quintana@reforma.com