Por Ramón Pacheco Aguilar.-Reformar una ley que ha mostrado ser eficiente a través de los años como lo ha sido la Ley Orgánica No. 4 que rige la vida de nuestra Universidad de Sonora, no es asunto trivial. Próximamente estaremos inmersos en este proceso que exige honestidad intelectual, responsabilidad, conocimiento de la historia y un inventario completo de los “pros” y los “contras” que conlleva inherentemente el envejecimiento y posible caducidad de toda ley. Nunca debemos oponernos a los cambios, pero estos deberán ser consecuentes con la historia y plantear un escenario ventajoso en el corto, mediano y largo plazo.
Ni los mas radicales opositores pueden dejar de reconocer los avances logrados por la Universidad de Sonora en estos 31 años, bajo la Ley 4, en los ámbitos académico, laboral y administrativo. Solo espero que su punto de referencia o comparación no sea la ley precedente.
Un análisis comparativo de la Ley 4 con la propuesta de reforma implica un estudio y discusión profunda y detallada imposible de hacerla y presentarla en este espacio. Pero se tiene que hacer, evaluando y comparando experiencias y resultados positivos en universidades a nivel mundial. Al respecto, mencionaré solo tres aspectos mencionados en la propuesta de reforma que me inquietan e interesan.
En lo referente a la democracia universitaria, me pregunto si las universidades “publicas”, pues este tema no aplica a las “privadas”, deben y pueden ser democráticas en la más amplia connotación del término. Definitivamente no sería posible ni mucho menos funcional. El ámbito de la democracia tendría que ser acotado para cada uno de las diferentes esferas de la vida universitaria; el académico, el docente, el estudiantil, el laboral, el administrativo/planeación, con procedimientos y rutas críticas. La democracia no es asunto de generación espontánea so pena de caer en una anarquía afuncional.
En lo referente a la gratuidad y obligatoriedad de la educación (Artículo 3° Constitucional), tengo entendido que la educación que imparte el Estado debe ser gratuita y obligatoria hasta los niveles pre-universitarios. ¿Sí a esos niveles previos el mencionado artículo es inoperante, que podemos decir del nivel universitario? Esa gratuidad es tan solo una utopía sin duda; es más, una entelequia. Los presupuestos federal y estatal asignados a las universidades solo alcanzan para pago de nómina, prestaciones y “algo” de gasto corriente. Eso deja a las instituciones en la necesidad de generar recurso propio para poder responder a todo aquello que es su responsabilidad. Ante la incapacidad de las universidades públicas de vender el conocimiento a usuarios externos por falta de profesionalización en el tema, cobran por algunos de los servicios que ofrecen a los/as estudiantes (credenciales, actas varias, etc.). Imposible, luego entonces, de eliminar el cobro de esos servicios sin tener efectos adversos graves en bibliotecas, servicios de cómputo, reposición de equipo instrumental, viajes de estudio, etc.
En lo referente a la eliminación de la Junta Universitaria (JU), ¿es el retorno al Consejo Universitario y los Consejos Académicos en Escuelas y Departamentos la alternativa? No me ha quedado claro este punto. Como integrante de ambos consejos en mis tiempos universitarios, dos cosas tengo claras: no fueron ni democráticos, ni funcionales, sumiendo a la universidad de aquellos años en un anquilosamiento supino. A los puristas de la democracia universitaria, les pido que no se refieran a ella como la panacea funcional en la pulcra retórica de sus mensajes y discursos. Así no funcionan las cosas.
Para terminar y para que no se piense que mi espíritu (donde residen los principios) ha dejado de ser democrático, resumiría mi consiga en: “Democracia universitaria, sí; funcional, mejor”.
Esa democracia universitaria-3
