Gasto público eficiente y combate a la corrupción ¿Cómo pasar del discurso a los hechos?

Por Guadalupe Ruiz Durazo.-Es muy importante recaudar y es igual de importante ejercer el gasto público de manera eficiente.

En 2020 disminuyó la actividad económica debido al cierre de empresas, escuelas, comercios, etc., como medidas de combate al COVID-19, sin embargo, de acuerdo con el informe Tributario y de Gestión del cuarto trimestre de 2020, el SAT informó que, a pesar de la pandemia y sus efectos adversos en la economía, la recaudación creció en 0.8% real respecto de 2019, lo que implicó un aumento nominal en los ingresos tributarios de 136.3 millones de pesos.

La recaudación sostenida se debe en buena parte a que el gobierno mexicano, durante las últimas dos décadas, ha invertido recursos de manera importante tanto en capacitar a su personal como en el desarrollo de herramientas tecnológicas para monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, automatizando un número elevado de procesos de fiscalización.

Se trabaja permanente en incrementar la recaudación, mejorando la legislación y las reglas aplicables; un ejemplo de que los cambios son constantes es que este 9 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a las reglas que se refieren al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tendientes a que las instituciones financieras estén obligadas a suspender cualquier relación comercial con los contribuyentes que se encuentren en las listas negras del SAT a que se refiere el artículo 69-B (empresas factureras).

¿Qué son las “listas negras” del 69-B del Código Fiscal de la Federación?

El artículo 69-B del Código establece que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha emitido facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, para prestar servicios o enajenar los bienes facturados, presumirá que las operaciones son inexistentes.

La legislación prevé que los contribuyentes desvirtúen tal presunción aportando pruebas.

Si el contribuyente no desvirtúa la presunción, se incluye en el listado definitivo de empresas factureras, eso es lo que se llama “la lista negra” del 69-B.

Por el otro lado, tal como se ha avanzado en el reto de fortalecer la recaudación, resulta indispensable invertir de manera importante en capacitar al personal y desarrollar herramientas tecnológicas para el control, verificación y fiscalización del gasto público, con el objetivo de aumentar la confianza en el sector público y garantizar el uso eficiente de los recursos.

Un avance en ese sentido fue la ley de transparencia y acceso a la información pública promulgada en 2002, que permitió a los ciudadanos conocer las decisiones que toman los gobiernos y cuestionar su eficiencia, eficacia e imparcialidad, sin embargo, la transparencia no es suficiente. 

Trabajar en la integridad pública implica involucrar al poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Un ejemplo en el legislativo podría ser el modificar la normatividad aplicable al gasto público estableciendo, en las leyes de adquisiciones y obra pública, la prohibición a los gobiernos de contratar a personas físicas y/o morales que no cuenten con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, para brindar los servicios o enajenar los bienes que pretenden contratarse, evitando con ello contratar empresas que solo existen en papel.

Por otro lado, mejorar las capacidades del sistema de justicia es indispensable para reducir los altos niveles de impunidad. Gracias al periodismo de investigación se conocen casos y redes de corrupción como el de la Estafa Maestra, sin embargo, no hay sanciones firmes por lo que el riesgo de impunidad sigue latente.

En conclusión, con el mismo interés que se destina a fortalecer la recaudación, se deben establecer medidas para garantizar eficiencia en el gasto público y combatir los altos niveles de corrupción e impunidad imperantes.

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