Por Guadalupe Ruiz Durazo.– En México, uno de los problemas más graves que tenemos es la corrupción.
De acuerdo con el Índice de Competitividad Internacional 2015 (IMCO, 2015) la “omnipresencia y los costos que acarrea permiten categorizarla como el enemigo público número uno. Peor aún, como un problema de seguridad nacional”. “Se da a gran y pequeña escala, en situaciones ordinarias y excepcionales, a la luz del día y en lo oscurito. A su lado va siempre su inseparable compañera: la impunidad”.
Además, señala que “la corrupción no es un destino manifiesto. México no está condenado a padecerla. Es cierto que se encuentra entre los países en los que la corrupción es sistémica y universal, pero esto no implica que no pueda controlarse o disminuirse drásticamente. Una política pública bien diseñada y sostenida en el tiempo puede colocarlo en la senda del Estado de Derecho” y situarloentre los 56 países menos corruptos en lugar de entre los 56 más corruptos.
“La corrupción es multicausal y tiene componentes tanto individuales como institucionales. El componente cultural no significa que la corrupción la lleve el mexicano en el ADN o que no pueda erradicarse, significa únicamente que, dentro del sistema de valores y creencias, la cultura de la legalidad no ha sido apreciada. El componente institucional está relacionado con la baja calidad de las instituciones, así como con los marcos normativos y regulatorios cuyos incentivos obligan a hacer racional que el individuo o la empresa incurran en actos de corrupción.”
“El desplome de la confianza y los altos niveles de corrupción han, a su vez, han contagiado el desempeño económico. El reconocido informe anual de competitividad del IMCO estima que el 5% del PIB de México se pierde anualmente por corrupción; otros informes ubican las pérdidas en un 9% del PIB.” (OCDE, 2017). Para contextualizar podríamos comparar este dato con la recaudación tributaria que como porcentaje del PIB se ubicó en 16.1% en 2018.
“Los ciudadanos mexicanos han rechazado rotundamente lo que consideran un sistema político y de gobierno plagado por altos niveles de corrupción, lo que limita sus oportunidades de movilidad social y de una vida mejor. En efecto, escándalos recientes y acusaciones contra eminentes personalidades políticas han elevado el tono de los llamados al cambio. En una encuesta de Gallup del 2015, más del 70% de los ciudadanos opinó que la corrupción era un mal generalizado en el gobierno.” (OCDE, 2017).
En este marco se creó el Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, con el objetivo de combatirla y reestablecer la confianza en el sector público, pero con todo y la reforma Constitucional la corrupción en el país no parece haber disminuido sustancialmente, por lo menos en lo que a percepción se refiere ya que de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2020, publicado por Transparencia Internacional el 28 de enero de 2021, México se ubica en la posición 124 de 180, mejorando ligeramente su posición, probablemente por la expectativa que ha generado el discurso del presidente. Además, se mantiene en la posición 37, ultimo lugar, entre los países que integran la OCDE.
Debemos tener en mente que un cargo público impone una obligación de conducta más existente que aquella que se exige a los ciudadanos; en ciertas circunstancias, acciones que para los ciudadanos pueden ser a lo sumo reprochables civilmente, podrían ser consideradas criminales para los servidores públicos.
El desafío de asegurar la integridad es complejo, se trata de un proceso que requiere inversión y tiempo, de manera consistente y sostenida, se trata finalmente de sustituir con una nueva cultura la existente, mejorando la calidad de la gestión pública.
¿Vamos a pasar del discurso a los hechos? ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir posponiendo?
