Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro “Cómo mueren las democracias” anotan que “(…) las democracias pueden fracasar a manos ya no de los generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. (…)”. Apuntan que así sucedió con Hitler en Alemania, con Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después en Venezuela, pero también en Hungría, Turquía, Polonia y otros países donde sus dirigentes han llegado al poder por la vía del voto y, una vez en el gobierno, han controlado los tres poderes, eliminado las instituciones autónomas que permitían los equilibrios y modificado constituciones para eternizarse en el poder en algunos casos, o -agrego yo- para poner segundos pisos (y supongo que luego serán terceros o cuartos) a las transformaciones que ellos creen que necesitan sus países.  

Quizá debiéramos anotar a México en esa lista después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del INE de otorgar mayoría calificada en la Cámara de Diputados (y casi en la de Senadores) con la distribución de los diputados de representación proporcional. El criterio aplicado por ambas instituciones permitió que, según datos de la página del INE, la quinta fuerza política definida en las urnas (Partido Verde que obtuvo 4. 9 millones de votos), se convirtiera en la segunda en representación en la Cámara de Diputados (con 77 diputados), y que la tercera fuerza en votos (el PRI con 6.6 millones) pasara a ser la quinta con solamente 35 diputados. 

Adicionalmente, el PAN que fue el segundo partido más votado con 10 millones de sufragios (más del doble que el Partido Verde), se convierta en la tercera fuerza con 72 diputados. De la misma forma, Movimiento Ciudadano, que fue la cuarta opción más votada con 6.4 millones de sufragios (1.3 veces más que el Partido Verde y el doble del PT), quede con 27 diputados, mientras los aliados de Morena quedan con 77 y 51 escaños respectivamente. Queda muy claro que, bajo esa interpretación del artículo 54 constitucional, el voto no vale lo mismo 

Posteriormente a la definición del Tribunal, pero antes de la toma de posesión de la legislatura, el Partido Verde “cedió” 15 diputados a Morena para que, de esta manera, los guindas tengan por si solos mayoría simple con 251 escaños. Se argumenta para justificar que ese mismo criterio se aplicó en 2015 en la presidencia de Peña Nieto, en 2018 ya con el triunfo de Morena, pero nunca se había llegado a tener una distorsión tan grotesca en la representación de las minorías opositoras como la actual.

Con esta distorsión en las cámaras, la aprobación de la reforma judicial será un mero trámite, lo mismo que las modificaciones a la constitución que a la nueva soberana -con A- (en la representación del verdadero soberano -con O-) así convengan.

Es triste ver cómo, en dos resoluciones de las instituciones electorales que se construyeron con tanto esfuerzo y lucha (el INE y el Tribunal Electoral) y que hoy claramente han sido capturados por el soberano, se echan atrás más de cuatro décadas de lucha por la democracia, el equilibrio de poderes y la justa representación de la pluralidad en el país. La restauración de viejo partido hegemónico ha sido consumada.

Ciertamente Levitsky y Ziblatt no mencionan el caso de México, más bien se enfocan a lo que pasó en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump en 2016 (su libro se publicó en 2018) y cómo éste colonizó la Suprema Corte con el nombramiento de tres magistrados conservadores, con lo que inclinó la balanza del máximo tribunal hacia el lado republicano (además de múltiples triquiñuelas más que ellos describen), sin embargo, sus previsiones se ajustan perfectamente a lo que está sucediendo hoy en México.

Una de las líneas básicas de las reformas electorales recientes fue la de que ninguna fuerza política pudiera cambiar por si sola la constitución, por ello se pusieron los candados de que se requieren al menos dos terceras partes de los votos de los diputados y senadores (mayoría calificada) y la prohibición explícita de que ninguna fuerza política podría tener más de 300 diputados por si sola para modificar la Carta Magna. Es decir, la ley forzaba al diálogo y la búsqueda de consensos. 

Sin embargo, con la interpretación que se ha hecho, se ha trastocado dicho principio al permitir que una fuerza política, expresada en una coalición de tres partidos (todos bajo la orden del mismo soberano), pueda hacer las modificaciones al texto constitucional, sin negociar con la oposición.  Hemos vuelto el reloj de la historia al menos hasta antes de 1997, cuando el entonces todopoderoso PRI perdió la mayoría en el Congreso.

Las consecuencias de esta resolución histórica (para mal) tanto del INE como del Tribunal Electoral, se empezarán a ver a partir del 1 de septiembre cuando las nuevas legislaturas empiecen a operar y aprueben las reformas de AMLO, empezando por la del Poder Judicial. Será el ajuste normativo más importante de la institucionalidad republicana desde la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) de 1977, pero en reversa, hacia la restauración de un partido hegemónico que se cree dueño de la verdad histórica.

Por eso digo que, si seguimos pensando que la democracia es el mejor camino para gobernar la pluralidad a través del diálogo y el respeto a las minorías, habrá que volver a empezar, solo que será con actores distintos. Lo malo es que no estoy seguro de que las nuevas generaciones quieran seguir ese camino. Tal vez tenga razón un entrañable profesor de ciencia política que una vez me dijo: “la cultura del tlatoani no es fácil de cambiar, suele regresar”. Parece que ya lo hizo. . 

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