Cobra factura incertidumbre en México

México enfrenta una contradicción económica formidable, ya que nunca había tenido una oportunidad geográfica tan grande y, al mismo tiempo, tantas dificultades internas para convertirla en inversión, productividad y crecimiento. 

Estados Unidos quiere cadenas productivas más cercanas y menos dependientes de Asia; el T-MEC ofrece acceso privilegiado al mercado más poderoso del planeta y el nearshoring debería estar provocando una auténtica revolución industrial mexicana. Pero la inversión productiva todavía no alcanza el 25 por ciento del PIB que México necesita como piso para acelerar sostenidamente.

Y el problema no es solamente externo. Durante los gobiernos de la 4T se ha mantenido una relación contradictoria con el empresariado. Mientras se necesita al capital privado para generar empleos, infraestructura y crecimiento, desde importantes espacios del oficialismo se continúa utilizando al “neoliberalismo”, las grandes empresas y los intereses privados como adversarios políticos. 

Esa retórica tiene consecuencias cuando coincide con cambios regulatorios, trámites complejos y dudas sobre la certeza jurídica. Ningún empresario compromete cientos de millones porque un gobierno publique un plan. Invierte cuando puede calcular riesgos.

A esta vulnerabilidad doméstica se agrega un Estados Unidos mucho más exigente. Washington está transformando progresivamente la relación comercial en una negociación multidimensional: manufactura, reglas de origen, China, migración, agua, frontera, fentanilo y seguridad forman ahora parte del mismo tablero.

Sería incorrecto afirmar que el endurecimiento estadounidense deriva exclusivamente de Morena; Estados Unidos protege sus propios intereses y su política industrial, pero México llega a esta nueva etapa negociadora con flancos internos que reducen su capacidad de maniobra.

El más peligroso es la seguridad; las acusaciones políticas que utilizan conceptos como “narcopolítica” o sugieren vínculos entre autoridades y organizaciones criminales no constituyen, por sí mismas, pruebas judiciales. 

Sin embargo, para el capital internacional la percepción de deterioro institucional también tiene precio, puesto que aumenta las primas de riesgo, retrasa proyectos y reduce horizontes de inversión. El verdadero indicador que México debería observar no es solamente cuánto capital extranjero entra, sino cuánto capital nuevo crea fábricas, proveedores, tecnología y capacidad productiva. Ahí reside también la oportunidad. 

México necesita convertir las grandes plantas exportadoras en locomotoras de miles de pequeñas y medianas empresas nacionales. También requiere sustituir competitivamente importaciones, elevar contenido mexicano, desarrollar proveedores Tier 1, 2 y 3 y formalizar empresas podría generar una segunda etapa del nearshoring: pasar del ensamblaje a la integración productiva. Sonora representa perfectamente esta encrucijada. Tenemos de vecinos a Arizona, minería estratégica, industria automotriz, aeroespacial, electrónica, agroindustria, puerto y una posición privilegiada dentro de Norteamérica. Pero ninguna ventaja geográfica compensa indefinidamente problemas de seguridad, disponibilidad de agua y energía, infraestructura insuficiente o incertidumbre regulatoria. La gran amenaza no es necesariamente que las empresas actualmente instaladas abandonen México. Es algo menos visible: que la siguiente planta nunca llegue.

México tiene enfrente una oportunidad que probablemente no volverá a repetirse durante generaciones y deberá decidir qué quiere ser: un País que administra políticamente al sector privado o uno que utiliza al Estado para multiplicar inversión, productividad y riqueza.

La geografía ya hizo su trabajo colocando a México junto a Estados Unidos. Ahora le corresponde al Gobierno demostrar que, además de vecino, México puede seguir siendo socio confiable para los inversionistas.

jvillegas@correorevista.com                          Twitter: @JvillegasJavier