Combate a la pobreza: avances y limitaciones

Es innegable el avance en la reducción de la pobreza que se logró en el país durante el periodo de 2018 a 2024. El reporte reciente de INEGI nos indica que en ese periodo salieron de la pobreza multidimensional 13.4 millones de mexicanos, mientras 2.1 millones lo hicieron de la pobreza extrema. El dato no es menor.

Se trata sin lugar a duda de un acierto del expresidente Andrés Manuel López Obrador en materia de combate a la pobreza. Es quizá uno de los pocos rubros en los que la administración del expresidente presentó buenos resultados. En muchos otros fue todo lo contrario. Tal es el caso de la inseguridad, la violencia, el estancamiento económico y el desmantelamiento de las instituciones de la democracia, por mencionar solo algunos.

Sin embargo, regatearle el mérito en este rubro no es correcto y tampoco profesional. Hacerlo sería caer en la misma actitud de los defensores a ultranza de la 4T cuando niegan los errores en la política de “abrazos, no balazos”, la violencia desbordada, el deterioro de la salud pública y muchos rubros más.

Un análisis objetivo de los hechos más allá de las simpatías y antipatías es un principio científico y la base para cualquier diagnóstico serio. La realidad no es en blanco y negro y en política es falso que todos los buenos estén en un lado y los malos en el otro, lo mismo que la idea de que todo lo que hace un gobierno que a uno le simpatiza sea bueno y el de los adversarios sea todo malo.

De acuerdo con el análisis de INEGI y de los expertos, el elemento más importante que explica estos resultados fue la política de incrementar sustancialmente el salario mínimo, lo que presionó al alza la estructura salarial en los deciles más bajos de la población. Cierto que el gobierno no pagó ese incremento, pero forzó a que las empresas lo hicieran.

El aumento de los ingresos de los hogares se complementó con las transferencias monetarias de los programas sociales y las remesas que llegaron de los trabajadores migrantes, especialmente de los Estados Unidos. La presidenta del INEGI, Graciela Márquez, destacó que también jugó un papel importante la reforma del outsourcing que ayudó a que se registraran ante el IMSS los salarios que realmente percibían los trabajadores.

En lo que a transferencias se refiere, muchas familias reciben más de una, ya sea en forma de la pensión de los adultos mayores, becas estudiantiles, jóvenes construyendo el futuro y en el campo también sembrando vida.

Toda esta derrama de recursos no es cuestionable y ayuda a liberar la presión que significa la limitación de recursos en las familias más pobres. Este es quizá uno de los elementos más importantes en los que descansa la base electoral de Morena al usar esta política de manera clientelar.

En cuanto a las limitaciones, vale la pena comentar dos cosas: el alcance y la sostenibilidad de dichas políticas. En cuanto a la primera, se logró un avance limitado en la disminución de la desigualdad, pero esta sigue siendo un problema muy grave para el país. El informe reciente de OXFAM México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad publicado esta semana, arroja que el ingreso del uno por ciento más rico es 442 veces más grande que el del decil más pobre y 44 veces superior al ingreso promedio en el país.  

En el tema de la sostenibilidad en el tiempo de dichas políticas, dos elementos generan dudas: los salarios mínimos no pueden seguir subiendo a los mismos ritmos y las transferencias sociales pueden ser amenazadas por las limitaciones de los recursos fiscales si la economía no crece en el futuro.

La economía mexicana ha estado estancada en los últimos siete años, más incluso que en los sexenios anteriores. En la administración anterior el PIB per cápita incluso decreció. Es decir, el pastel se distribuyó ligeramente mejor, pero no se hizo más grande. Al no crecer la economía, los ingresos fiscales no aumentan y en algún momento pudieran amenazar la continuidad de las transferencias.

Por tanto, es imperativo que la economía crezca, pero para ello se necesita que haya inversión nueva (privada y pública). Por ahora la inversión privada nacional y extranjera enfrentan limitaciones tanto externas como internas para crecer. La política proteccionista de Donald Trump es una de ellas y, en lo interno, la inseguridad pública y el poder del crimen organizado, así como la reforma reciente al Poder Judicial han deteriorado la confianza para invertir en México.      

Dado este contexto, la principal limitación de la continuidad de los avances en el combate a la pobreza tiene que ver con el crecimiento de la economía y con el respeto al Estado de derecho. En ambos casos Morena camina en sentido contrario a lo que se requiere.

Hay más lecciones que nos deja este reporte de INEGI, entre ellas lo que los gobiernos anteriores y los líderes empresariales no vieron y en lo que nos mintieron. Pero eso merece ser comentado en extenso en otra columna. 

En resumen, el avance reportado en el combate a la pobreza y la disminución de la desigualdad es real y no debe escatimarse, pero es limitado y su continuidad no está garantizada. Los salarios del resto de los trabajadores tanto de las empresas privadas como del gobierno, no se han incrementado más allá de la inflación. En el sector público, los maestros, los médicos y las enfermeras, así como empleados de otras áreas siguen teniendo salarios de miseria con el pretexto de la austeridad republicana. Es mucho lo que resta por hacer.