Implicaciones de las acusaciones a Rocha

Mientras escribo estas notas (jueves por la mañana) México está viviendo una verdadera avalancha informativa por la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus funcionarios o exfuncionarios.

Con el pronunciamiento que ha hecho la presidenta en la mañanera de este día puede haber desperdiciado la que quizá era la última oportunidad que tenía de romper con el pacto de impunidad que Morena mantiene con los grupos del crimen organizado y dar un golpe de tomón para tratar de rescatar su gobierno y al país. 

En su lugar optó por cerrar filas con Rocha y envolverse en el discurso de defensa de la soberanía. Si no cambia su posicionamiento en las próximas horas el costo para el país y para la propia 4T podría ser altísimo.

Analicemos el caso un poco más al detalle. Lo primero que habría que destacar es la dimensión del caso, se trata de algo que no había sucedido en la historia del país y de la relación bilateral con el vecino del norte. 

Me refiero a que nunca se había acusado y solicitado la detención con fines de extradición de un gobernador en funciones en el país. Desde luego, hubo otros casos de gobernadores acusados, pero cuando ya habían dejado el puesto como sucedió con Tomás Yarrington de Tamaulipas o Mario Villanueva de Quintana Roo. Estamos pues ante un caso inédito por lo que la dimensión es histórica.

Un segundo aspecto que vale la pena mencionar es que el grupo de acusados conforman el núcleo de una estructura político-policiaca de protección de un grupo criminal que tiene el control del estado de Sinaloa y que incluye al jefe político que es el propio gobernador. 

Las posiciones que ocupan (u ocupaban) los acusados muestran claramente un patrón de las estructuras de gobierno que los carteles necesitan para operar con toda impunidad: el gobernador y secretario de gobierno; la fiscalía general del Estado; el presidente municipal de Culiacán que es el jefe de la policía municipal; y todos los jefes de los cuerpos policiacos de la entidad (Secretaría de Seguridad Pública, jefes de las policía de investigación criminal, comandantes de la policía estatal y municipal). Es muy probable que este mismo patrón se reproduzca en las otras entidades donde dominan los grupos del crimen organizado. 

Un tercer aspecto refiere a los cargos que se les imputan a los acusados. Son tres comunes a todos y dos más a uno de ellos. Los comunes son: asociación delictuosa para importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Los dos adicionales que se imputan a Juan Valenzuela Millán “Juanito” son secuestro con resultado de muerte y asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte. Es decir, se trata de delitos que los ubican como parte del mismo cartel no solo como apoyadores al mismo.

He leído con cuidado la acusación de 34 páginas que el Distrito Sur de Nueva York ha levantado contra los diez acusados y en el primer párrafo ubica al estado de Sinaloa como “el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos” desde donde el cartel se ha asociado con elementos criminales alrededor del mundo (incluyendo Centroamérica, Sudamérica y China) para importar y distribuir cantidades masivas de narcóticos (heroína, cocaína, fentanilo y metanfetaminas) a los Estados Unidos. 

Por otro lado, hace unos días Trump se refirió a México como el centro de operaciones del narcotráfico en el continente y por tanto como el centro donde se genera la violencia criminal, y en múltiples ocasiones ha dicho que gran parte del territorio mexicano está controlado por los grupos criminales y que en los hechos controla al gobierno. Si como el sentido común lo indica y lo que sucede en Sinaloa se repite en muchos estados, estamos en un problema muy serio.

En el transcurso de la tarde-noche del miércoles y durante la mañana del jueves diversos analistas se han referido a que el fenómeno de Sinaloa se repite en estados como Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero y quizá otros más. 

No sabemos si Estados Unidos presentará otros casos como el de Sinaloa en las próximas semanas o meses, pero el gobierno mexicano debería de una vez reconocer la realidad y tomar medidas de inmediato.

Desafortunadamente, la posición de la presidenta de que no hay pruebas suficientes para proceder contra los acusados apunta en el sentido contario al de “tomar el toro por los cuernos” y actuar de una vez por todas para romper el pacto de impunidad que sostiene con los grupos delincuenciales. Proteger a Rocha Moya y demás acusados es mantener el apoyo al Cártel de Sinaloa. 

Esta posición del gobierno nos lleva en un curso de colisión directa con el gobierno de Estados Unidos en pleno proceso de revisión de T-MEC, por lo que las consecuencias pueden ser muy graves para el país. 

Por ahora parece claro el de Morena y la 4T ha quedado marcados como un narco gobierno y difícilmente se modificará esa percepción, lo que puede tener profundas implicaciones en los resultados de las elecciones de 2027 y 2030. Veremos que pasa en las próximas semanas, pero por ahora la presidenta parece decidida a jugarse el todo por el todo y de ser necesario inmolarse con la 4T. Lo siento por el país. 

 mvalenzu55@yahoo.com.mx