INFONAVIT: ZAPATERO A TUS ZAPATOS

Se aleja así la posibilidad de que el poder político y el poder económico jalen parejo por el bien del

desarrollo del país y el bienestar de las familias de escasos recursos. Uno de los

renglones donde ayudaría la reconciliación es en el problema de los trabajadores con

ahorro suficiente en su subcuenta de vivienda del Infonavit, que no encuentran casas al

alcance de sus posibilidades.

Originalmente el Infonavit se fundó para que fuera un Banco que otorgara créditos

hipotecarios. Hoy en día está en proceso de convertirse además en una Constructotota”,

en el predecible caso de que el Senado apruebe la reforma a la ley que lo creo el 21 de

abril de 1972. Las aportaciones patronales del 5% sobre el salario de los trabajadores a

la subcuenta de vivienda, han permitido que a lo largo de los años millones de familias

dispusieran de un ahorro que a manera de capital semilla, les ha permitió tener su propia

vivienda, como base patrimonial en lo económico, motivo de integración familiar y de

estabilidad social.

El fondo acumulado en la subcuenta de vivienda supera los $2 billones de pesos, razón

por la cual existen versiones que predicen que está en riesgo que dicho fondo, con la

reforma, sea “agandallado”, lo cual al menos en el corto plazo no es real; lo oficial es que

se pretende disponer de $350 mil millones de pesos para destinarlos a construir un millón

de viviendas en el sexenio.

Un ejercicio consistente en calcular si a valor presente alcanzarán $350 mil millones para

construir: 1 millón de viviendas sociales “dignas” (120 m2. de terreno, 50 m2. de superficie

construida), en un entorno totalmente urbanización y con todos los servicios, arroja que sí

alcanzan, pero solamente para construir las viviendas, sin considerar el costo del terreno

urbanizado ni el de los extras: proyecto ejecutivo, obras complementarias, estudios

diversos, tramitología, etc.

Un millón de viviendas de 50 metros cuadrados cada una da un total por construir de 50

millones de metros cuadrados; si con alta eficiencia y experiencia en administración de la

obra se lograra un costo de $7 mil pesos por metros cuadrado construido, bien

alcanzarían los $350 mil millones (a valor presente). Como el objetivo es construirlas a lo

largo del sexenio, los cálculos, obviamente, son más complejos.

Conclusiones:

El “costo cero” del terreno urbanizado implica que los ayuntamientos y gobiernos

estatales, con apoyo subsidiario del gobierno federal generen la infraestructura necesaria

y la desregulación efectiva de los trámites y que el sector privado aporte su conocimiento,

experiencia, así como su calidad ética y profesional. Lo anterior equivaldría a un subsidio

como el que existió y se canceló el 2019, fecha en la que el problema empezó a

manifestarse.

La vivienda social tiene un margen muy estrecho de resultados económicos; exige

experiencia y capacidad de manejo.

Existe el riesgo innegable que la Constructotota”, por ineficiente administración de la obra

(por inexperiencia, improvisación y/o por malos manejos) los costos se eleven, las

viviendas no se terminen y se generen problemas de vandalismo, invasión, inseguridad,

insalubridad, como ya sucedió. Zapatero a tus zapatos.

Antes de que el proyecto de reforma pase al senado ¿no podrán los representantes del

sector privado acudir a solicitar una prórroga (no solo de 30 días, ¡eh!) que busque

emparejar los objetivos gubernamentales con sus intereses económicos, en un

encomiable acto, por ambas partes, de reconciliación, voluntad política y sensibilidad

social?

Queda tela de donde cortar…