La gobernanza criminal

Como sucede casi siempre, los hechos cotidianos desplazan el análisis más de fondo de cualquier fenómeno. Es más fácil ver los árboles que apreciar el bosque dice otro refrán popular. Esto aplica para el fenómeno de la presencia de los grupos criminales en muchos aspectos de la vida de nuestro país. 

Generalmente los relacionamos con la violencia, con las ejecuciones, con las desapariciones, pero cada vez más también con su influencia en la política, con el dinero que entra a las campañas políticas y más recientemente con el huachicol fiscal y diversas formas de lavado de dinero. Pero como el narcotráfico no es un fenómeno nuevo en nuestro país, a veces tendemos a pensar que es lo mismo que ha sucedido en el pasado solo que hoy se ha intensificado.

Esto no es así, el fenómeno de la criminalidad asociada a los carteles, originalmente identificados solo como narcotraficantes, es un fenómeno complejo que ha evolucionado con el tiempo y hoy alcanza una magnitud diferente.

Guillermo Valdés Castellanos, ex director del CISEN durante la administración de Felipe Calderón es un estudioso de este fenómeno. De él recuerdo haber leído su libro “Historia del Narcotráfico en México” publicado en 2012, donde desarrolla su análisis a partir del concepto de “la captura y reconfiguración de las instituciones públicas” por parte de los grupos criminales. 

Guillermo publicó un ensayo corto en la revista Letras Libres en su edición de septiembre que titula “Estado y crimen organizado, apuntes para entender su complejidad”. 

Se trata de un trabajo breve, pero muy interesante en el que afirma que su concepto de captura del estado se queda corto para entender los cambios recientes del fenómeno criminal y su relación con el gobierno. En su lugar habla del concepto de gobernanza criminal como más adecuado para el análisis. 

Son varios los elementos que Valdés Castellanos analiza en este artículo de los cuales destaco cuatro: la evolución de la extracción de recursos de los criminales; la política del gobierno que permitió la expansión de la actividad criminal y la captura de territorios; las expresiones de la gobernanza criminal y su impacto en las comunidades y en la vida de las personas.

Con respecto al primer punto, el autor comenta que tradicionalmente los carteles de la droga se dedicaban al tráfico de drogas para abastecer la demanda principalmente de los consumidores de Estados Unidos por lo que su fuente original de recursos era justamente el pago por esas mercancías que ellos traficaban. 

Luego, en la medida que fueron tomando control de territorios, sus fuentes de recursos se diversificaron al cobro de piso, la extorsión, el secuestro, y el huachicol en sus diferentes modalidades, entre otros, como expresión de su transformación en empresas criminales diversificadas.

Respecto al segundo punto, aunque el fenómeno de la expansión y diversificación criminal se dio desde antes de la llegada de la 4T al poder (recordemos Michoacán a la Tuta que en alguna ocasión citó a 20 alcaldes para decirles que él era el jefe y les dio la lista de las personas que deberían nombrar como jefes de policía y directores de obra en sus municipios), el fenómeno se amplió a muchos territorios durante el sexenio de AMLO y continúa en el actual de la presidenta Scheinbaum. 

En la pasada administración la decisión expresa de no combatir a los grupos criminales bajo la política de “Abrazos, no balazos”, significó un cheque en blanco para el control territorial de los grupos criminales. El cobro de piso se extendió a muchas regiones, lo mismo que la extorción a los productores, transportistas, comerciantes, etc. 

Este fenómeno va más allá de la captura del Estado según explica Guillermo Valdés, se trata de una sustitución total o parcial de las funciones del Estado: el monopolio en el uso de la fuerza, el cobro de impuestos, la apropiación de parte de los presupuestos municipales destinados a obras, entre otros, dando lugar al fenómeno de la gobernanza criminal. Su impacto se extiende a la economía de las localidades controladas y la vida de las personas. 

Para ejemplificar esta situación, el autor cita varios estudios sobre los impactos locales de la economía criminal, entre ellos uno de Natalia Mendoza sobre la comunidad de Altar, Sonora, donde la economía criminal es una cadena productiva que cruza a toda la economía local. 

Ahí casi toda la comunidad participa de esa cadena: guías, transportistas, conductores, vigilantes, burreros, comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios son parte de esta, aunque nadie se considera narcotraficante sino trabajadores que prestan un servicio. 

Es decir, la actividad criminal ha tenido un impacto profundo en el tejido social y no puede erradicarse desde fuera ni con una visión meramente policial. Los Estados Unidos pueden ayudar a combatir a los grupos criminales, pero no van a resolver el problema. 

Valdés agrega que la solución no puede venir solo del gobierno, aunque es fundamental una decisión de Estado para iniciarla, se necesita la participación de todos los partidos políticos y de la sociedad en su conjunto, quizá bajo la forma de un gran acuerdo nacional para desarticular a los grupos criminales, recuperar el control del territorio y restaurar el tejido social dañado. 

 mvalenzu55@yahoo.com.mx