La punta del iceberg

La red de corrupción descubierta en el seno de la Marina Armada de México y los acontecimientos inmediatamente posteriores a la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino de la esposa del almirante secretario de esa institución durante el sexenio de López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, parece exhibir la punta del iceberg de un entramado de corrupción cuyo alcance aún no conocemos.

Por lo que sabemos hasta hoy, y por el monto de las ganancias obtenidas por el negocio criminal del llamado huachicol fiscal, según lo revelado por expertos, pudiera tratarse de la red de corrupción más grande de que se tenga registro en el país. De ser así, el hecho impacta directo en la banda de flotación del discurso de la Cuarta Transformación, específicamente por lo sucedido en el sexenio anterior.   

No me detengo en los detalles porque la prensa se ha ocupado ampliamente de difundirlos y los expertos en temas de seguridad lo han comentado en extenso. Pero en esencia refieren al contrabando de millones de litros de petróleo crudo robado a Pemex, refinado en Texas y reintroducido a México como gasolina o diésel tanto por la vía terrestre como marítima, pero declarado como producto residual que no paga impuestos. Los casos de las incautaciones en los puertos de Altamira y Ensenada corresponden a la entrada por la vía marítima y es donde está involucrada la Marina Armada de México.

El caso de los 15 millones de litros de diésel incautados en Saltillo no es claro que la Marina tenga responsabilidad ya que se sabe que ese cargamento ingresó por las aduanas terrestres, muy probablemente de Tamaulipas, y esas aduanas no las controla la Marina sino la SEDENA.

Se ha mencionado también la posibilidad de que incluso haya habido buques cargados con combustible robado en puertos mexicanos que eran llevados a aguas internacionales y luego introducidos nuevamente al país donde la carga era declarada como importada, pero de eso no se ha informado oficialmente. En cualquiera de los casos, el combustible era distribuido ya en México a través de una red de empresarios corruptos que los comercializaban en las gasolineras.

Por el caso del huachicol incautado en Saltillo se podría pensar que la red de corrupción no abarcó solo a la secretaría de Marina, sino que quizá se extendió a otras instituciones de seguridad.

Pero por ahora nos referimos solamente a la Marina dado que es lo hasta hoy se ha denunciado. El sentido común nos lleva a hacernos algunas preguntas que para algunos pueden resultar inquietantes: ¿Algún alto mando del actual sexenio estuvo implicado en la red de corrupción en la que sí estuvieron los del sexenio anterior? De no ser así, ¿cómo se explica la cadena de asesinatos y muertes sospechosas de funcionarios aduaneros de Altamira y Manzanillo?

Y siguen las preguntas: ¿Por qué razón el gobierno de Sheinbaum trata de exonerar de antemano al secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador antes de que se haga la investigación? ¿Es sostenible que el entonces secretario no supiera lo que hacían los sobrinos de su esposa poniendo y quitando directivos de aduanas en los puertos implicados en la red? ¿Qué no era él el responsable último de lo que sucedía en la secretaría a su cargo?

Son solo preguntas que las investigaciones que nos ha anunciado la presidenta Sheinbaum debieran responder con toda transparencia ya que ella dijo que se iría a fondo “hasta donde tope” ¿Le creemos? Por lo menos hay que darle el beneficio de la duda ya que es ella la que le dio la instrucción al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para encabezar la investigación. No obstante, existe la percepción de que lo hizo no por convicción propia sino forzada por Donald Trump a través Marco Rubio, quien nos visitó la semana pasada.

El problema no para ahí, sino que tiene ramificaciones aún más preocupantes. Diversos periodistas y expertos han relacionado este entramado de corrupción en la Marina con el asesinato del llamado rey del huachicol fiscal, Sergio Carmona, a quien se le vinculó con el financiamiento de las campañas electorales de Américo Villarreal en Tamaulipas y Rubén Rocha Moya en Sinaloa, pero también con Mario Delgado entonces presidente de Morena y hoy secretario de Educación en el gabinete de la presidenta Sheinbaum.

Si la presidenta Sheinbaum de verdad quiere llegar al fondo de las cosas “caiga quien caiga” pronto deberíamos tener respuestas a esas preguntas. Pero si, por el contrario, solo quiere “tapar el ojo al macho” y se afana en exonerar de antemano al anterior secretario de Marina, ella misma se meterá en un problema porque se sospechará que, por acción o por omisión, está encubriendo a parte de los responsables.

Por lo pronto el prestigio de la secretaría de Marina ha quedado por los suelos. Es un hecho de que durante el sexenio de López Obrador fue penetrada por el crimen organizado, en este caso por el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Hoy parece innegable que se cometió un grave error cuando se decidió poner la seguridad pública, las aduanas y gran parte de la obra pública en manos del Ejército y la Marina. Esas instituciones debieran ser por diseño institucional la garantía de última instancia ante las policías civiles federales y estatales.

Después de lo sucedido con la Marina, ¿quién es hoy la garantía de última instancia? ¿el Ejército? ¿cree usted que esté limpio? Yo tengo mis dudas.