La reforma electoral deseable

Es conocido que la credibilidad de la que aun goza el sistema electoral mexicano se construyó a lo largo de décadas, paso a paso y a través de reformas sucesivas desde 1977 hasta 2014. Todas estas reformas fueron progresivas, es decir fueron avanzando en el perfeccionamiento del sistema democrático. La reforma que ha anunciado el gobierno, por lo que se sabe hasta ahora, marcha en sentido contrario.

En la colaboración anterior me referí a los rasgos sobresalientes de la reforma que ha anunciado el gobierno, hoy comentaré brevemente algunos aspectos de una propuesta alternativa que se presentó a los medios en el transcurso de la semana.

La organización Somos México presentó, en las voces de Lorenzo Córdoba, Leonardo Valdez Zurita, Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Acosta Naranjo, Arturo Sánchez, Marco Baños, entre otros, una propuesta alternativa de reforma electoral. Sería la que en teoría debería dar continuidad al perfeccionamiento del sistema electoral, por ello yo le llamo la reforma electoral deseable.

La propuesta parte del diagnóstico de que marchamos hacia una crisis preocupante expresada en un retroceso de la credibilidad ciudadana en los procesos electorales y hacia el deterioro de la calidad de las elecciones. Por ello, afirman, si es necesaria una reforma electoral, pero que vaya en sentido contrario a lo que el gobernó pretende.

Los propósitos de esta reforma son: restablecer la confianza, garantizar la equidad en las contiendas, blindar a la política del dinero asociado a la delincuencia organizada, actualizar y perfeccionar las reglas de acceso al poder, así como modernizar y hacer más eficientes las elecciones. 

El contenido de la propuesta atiende a cinco áreas específicas: las instituciones electorales, las reglas de las contiendas, los actores políticos y su acceso al poder, los procedimientos electorales y la elección del Poder Judicial. Menciono solo los más relevantes. 

En cuanto a las instituciones electorales, el eje de la propuesta es garantizar que la selección de los consejeros electorales se haga priorizando la imparcialidad de los perfiles y su conocimiento técnico y jurídico. Para ello se debe perfeccionar la forma de integrar el Comité de Evaluación de las candidaturas y debe ser el Senado quien los elija con una mayoría de tres cuartas partes de sus integrantes para asegurar el consenso de los actores políticos en la selección del árbitro. Se rechaza el método de la elección abierta de los consejeros.

Se abordan también en este apartado la necesidad de fortalecer el servicio profesional electoral, el trabajo colegiado del INE, así como la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y la garantía de que el INE disponga de los recursos suficientes para organizar las elecciones.

En cuanto a perfeccionar las reglas de la competencia, se proponen entre otras cosas, revisar y actualizar el modelo de comunicación política incorporando a la regulación a los medios emergentes como los de paga, las redes sociales y el uso del internet. Todo ello respetando la libertad de expresión, pero evitando el uso instrumental de los mismos mediante prácticas fraudulentas. 

También se propone la revisión del esquema de prerrogativas de los partidos poniendo el foco en garantizar la equidad en la contienda. 

En cuanto al financiamiento público se propone mantenerlo, pero asegurando mayor transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Se inclina por ajustar el esquema de distribución de los recursos a los partidos a un 50 por ciento de manera igualitaria y otro 50 por ciento en función del número de votos (hoy el esquema es 30-70). 

De la misma manera, se propone reforzar la fiscalización del dinero de los partidos y propone un sistema de sanciones para quien viole las reglas en el uso de los recursos públicos. De manera muy destacada se propone que cuando se acredite que un partido político recibió dinero del crimen organizado se cancele inmediatamente su registro. 

Otro aspecto muy importante es el de garantizar la neutralidad de los funcionarios públicos estableciendo restricciones estrictas a la propaganda gubernamental y sanciones ejemplares al uso de los programas sociales como instrumento de propaganda de un partido político. Hace falta una regulación más estricta del artículo 134 de la constitución y la definición de un sistema de sanciones.

En cuanto a los actores políticos, el eje de la propuesta es garantizar la proporcionalidad de la representación de los partidos en las cámaras en función de su peso electoral y eliminar cualquier tipo de sobre representación. 

Las modalidades de la representación entre mayoría relativa (MR) y representación proporcional (RP) pueden variar, pero el criterio de representatividad de acuerdo el peso electoral debe prevalecer. 

Se habla también de regular de manera adecuada las reglas para la integración de las coaliciones, la distribución de las prerrogativas y revisar la militancia real de los candidatos en el partido al que representan y evitar el “chapulineo” a contentillo de los dirigentes. 

Finalmente, en cuanto a la elección judicial se regularla de manera más estricta y desfasarla de los otros procesos electorales por ser incompatible con ellos en tanto en ella no pueden participar los partidos políticos. Veremos si algo de esta propuesta se toma en cuanta en lo que envíe la presidenta al Poder Legislativo. 

 mvalenzu55@yahoo.com.mx