Las historias del Fobaproa

El Fobaproa es un tema que frecuentemente revive a contentillo de los políticos de la 4T, a veces la usan en las campañas políticas y en otras ocasiones, para descalificar a quien era el presidente de México cunado se usó ese fondo para rescatar de la quiebra al sistema bancario durante la crisis de 1995, aunque el fondo se creó en 1990 durante la administración Carlos Salinas. 

Una vez un amigo me dijo que nunca olvidara que la percepción es realidad, aunque esté sustentada sobre datos falsos, medias verdades o mentiras completas. Me parece que eso ha sucedido con el tema del Fobaproa. Se ha creado por años una idea, promovida originalmente por López Obrador y repetida millones de veces por sus seguidores, que identifica al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) con un robo en despoblado. 

Se argumenta que no se recató a los bancos sino a los banqueros con dinero público para hacerlos más ricos mientras es el pueblo el que aún hoy sigue pagando esa deuda debido a que la misma fue convertida en deuda pública. ¿Qué de todo eso es cierto y qué es mentira? Para responder a esa pregunta es necesario hacer un poco de historia.

 Las jóvenes de hoy, y me temo que también los no tan jóvenes, no saben que en 1995 México enfrentó una de las crisis financieras más grandes de su historia moderna. Después de la acumulación de profundos desequilibrios en el sector externo que desde hacía tiempo requerían un ajuste del tipo de cambio, y que la administración de Carlos Salinas de Gortari se negó a realizar, se produjo una impresionante salida de capitales del país. 

La demanda de dólares que la fuga provocó, bajo un sistema de tipo de cambio fijo del peso frente al dólar (bajo la modalidad de “bandas de flotación”), rápidamente agotó las limitadas reservas del Banco de México y obligó a que ese instituto se retirara del mercado de cambios (al no tener dólares para abastecer la demanda) y dejara flotar el precio del dólar como cualquier otra mercancía hasta que recuperara su valor real de mercado. Esto significó que se abandonó el tipo de cambio fijo y se sustituyó por uno flexible o flotante, mismo que persiste hasta hoy. 

Lo anterior significó una devaluación profunda del peso. El tipo de cambio pasó de 3.39 pesos por dólar que teníamos en noviembre de 1994 a 7. 98 con el que cerró diciembre, una devaluación de 130 por ciento. Se desató enseguida un proceso inflacionario que llevó el nivel de incremento de los precios de la canasta básica de 7 por ciento anual que teníamos en noviembre de 1994 hasta el 8 por ciento mensual (96% anual) que tuvimos en abril de 1995. La demanda doméstica cayó y el PIB se contrajo 6.9 por ciento en 1995, la mayor caída en décadas.

Pero el daño no paró ahí, al dejar de ser el tipo de cambio controlado la variable de ajuste, las tasas de interés interbancarias se elevaron del 18 por ciento anual en noviembre de 1994 al 110 por ciento que alcanzaron en marzo de 1995. Como los créditos hipotecarios y de todo tipo en ese tiempo se pactaban a tasas flexibles, las deudas de los acreditados de fueron al cielo, convirtiéndose prácticamente en impagables. Los deudores dejaron de pagar y muchos ahorradores intentaron retirar sus recursos de los bancos. El sistema bancario en su conjunto estuvo a punto de colapsarse y con ello entró en riesgo todo el sistema de pagos del país. 

¿Qué hacer entonces para que los ahorradores no perdieran sus recursos y que los deudores de créditos no perdieran sus casas y propiedades que respaldaban sus adeudos? ¿tenía el presidente otras opciones? Ese era el dilema que tenían que enfrentar la administración de Zedillo. No hay que dejar de lado que existía una ley, aprobada en 1990, mediante la cuál el gobierno respaldaba en última instancia los recursos de los ahorradores, así que por ley el gobierno estaba obligado garantizar esos recursos. 

Para evitar la quiebra del sistema bancario y así garantizar los recursos de los ahorradores, el gobierno intervino los bancos y luego, a través del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), compró las deudas impagables de los acreditados a través del Fobaproa, mismas que se pagaron a razón de un peso por cada dos del adeudo (el otro lo pagó el banco). En eso se gastaron los recursos del Fobaproa y todo esto pasó por la aprobación del congreso.

Con los recursos del Fobaproa de evitó la quiebra del sistema bancario y se salvó el sistema de pagos, pero no de evitó la quiebra de los banqueros, éstos perdieron el control accionario de sus bancos que quedó en manos del gobierno. 

Posteriormente, entre 1995 y 1998, el gobierno promovió la venta de los bancos. Fue así como, previa modificación de la ley para permitir la participación de extranjeros (no había inversionistas mexicanos con recursos suficientes para comprar los mayores bancos), Bancomer fue comprado por BBVA de España, institución que también adquirió Banca Cremi, Mercantil Probursa y el Banco de Oriente; Banamex pasó a control del City Group de Estados Unidos; Banca Serfin a Santander y otras instituciones más pequeñas fueron compradas por Banorte, único Banco que quedó en manos de mexicanos. 

Los banqueros supuestamente beneficiados por el Fobaproa según la retórica oficial perdieron sus bancos. Durante el proceso algunos banqueros transfirieran algunos créditos indebidos a la cartera vendida al gobierno, pero se falta a la verdad cuando se dice irresponsablemente que el Fobaproa se creó para rescatar a los banqueros. Se deja de lado en esa narrativa el hecho de que se hicieron auditorias que detectaron y posteriormente se corrigieron esos errores. 

Esta es la verdadera historia del Fobaproa y no la que se construyó en la percepción pública para desprestigiar al expresidente Zedillo.

 mvalenzu55@yahoo.com.mx