Mineros: ¿la gota que derrama el vaso?

Esta semana se agregó una gota más al vaso lleno y cada día estamos más cerca de que la siguiente sea la que lo derrame. Cómo dice el viejo dicho popular “la gota que derramó el vaso” para referirnos a acontecimientos que por acumulación provocan un cambio drástico de la situación anterior.

En este caso nos enteramos de que al menos cinco de los diez trabajadores mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver que fueron secuestrados la semana anterior fueron asesinados por sus captores. Se teme que ese haya sido el destino de los demás.

En conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum del martes 10 de febrero, el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, dio la versión de que el grupo de trabajadores mineros fue confundido por sus secuestradores como integrantes de un grupo rival. 

Sin embargo, la periodista de investigación María Idalia Gómez informó en el programa Aristegui Noticias que la mina canadiense estaba siendo extorsionada por el grupo de Los Chapitos del cártel de Sinaloa para permitirle operar y sacar su producto al mercado. Según la periodista la empresa entregaba ya 200 mil pesos mensuales.

Lo que pudo haber cambiado la situación en las últimas semanas fue que quizá la empresa dejó de pagar la extorsión o el cartel les exigió aumentarla ante la necesidad de más recursos necesarios para mantener su operación. 

El secuestro de los trabajadores fue la respuesta del grupo criminal por cuyo rescate exigió 10 millones de pesos (aproximadamente 550 mil dólares) por cada trabajador secuestrado. La empresa no pagó y el desenlace es el que estamos viendo. 

La situación de la violencia y la extorsión se han extendido por todo el país y tal parece que la hemos normalizado. Después del secuestro se supo de cinco asesinatos más y otros tantos secuestrados en el municipio de Ahome en el mismo Sinaloa. 

La misma periodista María Idalia Gómez informó del descubrimiento de un cementerio clandestino en Concordia, Sinaloa, donde a la fecha se han encontrado ya 120 cuerpos y se teme que sean muchos más.  

De momento recuerdo algunos casos similares: la masacre de los Le Barón en Bavispe, Sonora; la muerte del líder de los limoneros y la del presidente municipal de Uruapan Carlos Manzo en Michoacán, la masacre reciente en un campo de beisbol de Guanajuato, el asesinato múltiple en una boda en Tabasco a manos de La Barredora, el asesinato de dos ayudantes cercanos de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y así podríamos seguir. 

El gobierno responde siempre con el mismo mantra: la FGR abrió una carpeta de investigación (o colabora estrechamente con las fiscalías estatales), lamentamos los hechos y expresamos nuestra solidaridad con las familias de los fallecidos. Nada se dice del cáncer que corroe al país: la presencia extendida del crimen organizado la generalización de la extorsión y el cobro de piso en todo el territorio nacional.

Llama la atención también la insensibilidad de la presidenta Sheinbaum ante el dolor humano de las familias de muertos y desparecidos. 

No recuerdo un pronunciamiento fuerte e indignado de ella en contra de los criminales señalándolos a ellos como la verdadera amenaza no solo a la seguridad pública sino a la seguridad nacional. A los únicos que señala son a Calderón y García Luna.

Es lo mínimo que se le puede pedir a una presidente de la República que encarna la responsabilidad del Estado de brindar seguridad a los ciudadanos y a sus propiedades. La presidenta da la impresión de referirse a esta gran tragedia como asuntos de rutina y vámonos a lo que sigue. 

¿Dónde estamos en la lucha contra este flagelo? Este gobierno en los hechos ciertamente parece haber abandonado la estrategia de López Obrador con su consigna de “abrazos, no balazos” aunque declarativamente no lo admita. Pero sus acciones se han orientado a decomisar droga y detener cuadros medios de los grupos criminales sin tocar las estructuras político-policiales de protección que les han permitido operar con total impunidad. 

En esa misma mañanera García Harfuch enumeró los logros de este gobierno: 43 mil detenidos, 327 toneladas de droga incautadas, mil 800 kilos de metanfetaminas (incluyendo pastillas de fentanilo) decomisadas, dos mis laboratorios destruidos (de esos que AMLO dijo que no existían), 51 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar y mil 800 armas confiscadas. 

Por su parte la presidenta festejó ese mismo día que los homicidios dolosos hayan disminuido 42 por ciento en lo que va de su gobierno sin referirse al incremento de las desapariciones que en su mayoría terminan asesinados. 

No parecen pocos los logros enumerados, aunque se hayan hecho bajo la presión de los Estados Unidos. Sin embargo, los grupos siguen operando y controlando territorio y en la medida de que les falta el dinero por las incautaciones de droga, se convierten en más peligrosos y sanguinarios para obtener los recursos por otros medios, como la extorsión a empresas grandes, para seguir operando. Este puede ser el caso que explique el tema del secuestro de los mineros. 

Aunque no sea muy evidente aún, la narrativa de la presidenta y de la 4T se está agotando al chocar cada día su discurso con los hechos. 

El país ya no aguanta más y el gobierno de Sheinbaum, presionado por Trump, parece que quiere combatir a los delincuentes, pero da la impresión de que no puede. El caso de los mineros podría ser la gota que derrame el vaso. 

 mvalenzu55@yahoo.com.mx