Pacto Nacional: Paz seguridad y justicia

Recientemente escuché un planteamiento muy interesante sobre el tema de la seguridad pública en el país y la forma de atenderlo. Lo hizo el Dr. Guillermo Valdés, experto en seguridad, consultor, exdirector del CISEN y miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos México. 

Su intervención se produjo en la reunión del Consejo Nacional de esa organización el sábado 21 de marzo y forma parte del proceso de elaboración de una propuesta nacional de Somos México. Aunque no tengo el documento completo me parece relevante comentar algunos aspectos relevantes de su intervención.

El de la seguridad pública en el país no es un problema más de los muchos que tiene el país, es quizá el aspecto toral que atraviesa transversalmente todos los ámbitos de la vida nacional: economía, sociedad, política, cultura y de cuya solución depende que este país tenga futuro. Por ello, según el Dr. Valdés, es muy importante avanzar hacia un Pacto Nacional para la Paz, la Seguridad y la Justicia. 

Su planteamiento parte de cuatro premisas: a). La seguridad pública no se debe politizar ni partidizar. El problema es de todos y su solución exige la acción unificada del conjunto de la sociedad; b). La seguridad se construye desde lo local; 

c). La seguridad es responsabilidad del Estado, pero debe involucrar a la sociedad; y d). El combate a la inseguridad debe diseñarse bajo tres métricas: eficacia, legalidad y legitimidad. 

No caben soluciones -tipo Bukele- en las que para lograr una se sacrifiquen las otras como la violación de los derechos humanos. 

Valdés explicó que no debemos perder de vista la integralidad del problema de la seguridad. Aunque a veces se le relacione solo con las organizaciones del crimen organizado, abarca también al ladrón común, al carterista, al que roba en los camiones o se mete a los domicilios, hasta las grandes redes criminales. 

En su intervención enlistó al menos cinco líneas de acción que debe contener la estrategia: la primera consiste en revisar y cambiar el marco legal con el propósito de armonizarlo para evitar que los gobiernos locales y el federal se tiren la bolita unos a otros bajo el pretexto de que unos son delitos del fuero común y otros del fuero federal. Esta medida implica armonizar el código penal federal con los estatales para que los delitos tengan las mismas penalidades. 

Una segunda línea refiere a los recursos. Se requiere por lo menos duplicar el presupuesto para atender las necesidades de toda la cadena del sistema de justicia (policías, ministerios públicos, sistema carcelario, etc.). Para atender la procuración de justicia se requiere no solo tener buenos policías y bien pagados, el problema de la impunidad empieza cuando los delitos no se investigan porque no hay suficientes ministerios públicos que lo hagan y cuando el sistema carcelario es controlado por los propios delincuentes. 

La tercera línea de acción es la de desmilitarizar la seguridad pública. Urge crear y fortalecer un cuerpo de policía civil a partir de desincorporar a la Guardia Nacional de la SEDENA y fortalecer las policías locales (estatales y municipales). 

El Ejército y la Mariana deben quedarse como la fuerza de última instancia para que en casos excepcionales pueda disciplinar a los cuerpos civiles, pero también alejarlos de las fuentes directas de la corrupción (aduanas, obras públicas, empresas estatales).

La cuarta línea habla de crear un Modelo Nacional de Policía que incorpore dentro de sus facultades la de investigación de los delitos para presentar ante los ministerios públicos no solo a los presuntos delincuentes sino las evidencias de su culpabilidad. 

De esta manera se contribuiría a tener expedientes sólidos y bien fundamentados que faciliten la labor del ministerio público y que cuando lleguen a los jueces tengan los elementos suficientes para emitir los veredictos conforme a derecho. 

Finalmente, la quinta línea de acción que Guillermo Valdés señala es la atención a las víctimas del delito que actualmente están abandonadas. Detrás de los ya cientos de miles de asesinatos registrados en el país hay el mismo número de viudas y una mayor cantidad de hijos sin padre o madre que se enfrentan a la vida solos y sin apoyo de nadie. ¿Quién se hace cargo de ellos? El Estado no puede deslinarse de esa responsabilidad. 

Valdés habló también de al menos tres ejes que deben orientar la estrategia de seguridad. 

El primero tendiente a reducir la violencia y la inseguridad a través de tres políticas específicas: desarticular a las organizaciones criminales; romper el vínculo entre política y crimen organizado, y diseñar políticas particulares para cada una de las entidades federativas. 

Un segundo eje atiende a las políticas de prevención del delito. Es necesario incorporar a las familias en el reforzamiento de valores fundamentales en los niños y jóvenes, así como reconstruir comunidades enteras afectadas por la violencia criminal.

Para llevar a cabo un plan de seguridad pública como este se requiere lograr un Acuerdo por la Paz, la Seguridad y la Justicia que tenga el aval de todas las fuerzas políticas, el compromiso del gobierno y, sobre todo, el consenso y apoyo de la ciudadanía. 

 mvalenzu55@yahoo.com.mx