Evalúan cambios a la Ley Minera

Después de casi dos años de espera, el Reglamento Minero podría finalmente ver la luz en los próximos meses. Así lo adelantó Fernando Aboitiz, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, quien confirmó que el documento ya fue liberado por su área y actualmente se encuentra en revisión dentro de la Consejería Jurídica.

El retraso, que suma 23 meses, ha generado incertidumbre en el sector, sin embargo, el funcionario aseguró que el proceso avanza y que mantienen presión constante para que su publicación se concrete lo antes posible.

No se contempla impulsar una nueva ley

A la par, el Gobierno Federal analiza ajustes puntuales a la reforma de la Ley Minera aprobada en mayo de 2023, con el objetivo de hacer más eficiente la operación tanto pública como privada sin alterar los pilares sociales y ambientales establecidos en la legislación vigente. No se contempla impulsar una nueva ley, pero sí corregir disposiciones que han demostrado ser poco prácticas en el terreno.

No existe afectación

Uno de los ejemplos más claros es el requisito de remediación ambiental en etapas de exploración. Aboitiz explicó que esta obligación resulta innecesaria, pues durante esa fase no existe afectación al terreno. La norma, señaló, incluso complica que concesionarios devuelvan títulos en los que no hubo hallazgos, afectando también al propio Estado, que enfrenta dificultades para recuperar superficies sin intervención real.

En el Gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró, existe plena disposición para dialogar con la industria y atender los puntos que entorpecen las operaciones. En ese marco, se enfatizó la postura oficial al señalar: “Tendría que ser, en el mejor de los casos, modificaciones que permitiesen facilitar la operación tanto del Gobierno como de las mineras sin dañar la parte social y ambiental”.

El funcionario sostuvo que varios aspectos de la regulación pueden optimizarse para evitar cuellos de botella administrativos, al tiempo que reiteró que la prioridad de la actual administración es mantener el equilibrio entre actividad económica, sostenibilidad y beneficios comunitarios.

Con un reglamento en puerta y ajustes en análisis, la industria minera observa con atención los cambios que podrían redefinir su operación en el corto plazo. El sector espera que las modificaciones otorguen mayor certidumbre jurídica y un marco regulatorio más funcional para quienes participan en una de las actividades económicas más relevantes del País.