México sin ley ante el reconocimiento facial

Cada día sin que lo notemos nuestros rostros son capturados por cámaras instaladas en espacios públicos, tales como avenidas, aeropuertos, centros comerciales y estadios. Detrás de ese aparente monitoreo de seguridad se esconde una realidad preocupante: el uso de sistemas de reconocimiento facial en México avanza sin regulación, sin transparencia y sin nuestro consentimiento.

Así lo revela el informe “No nos vean la cara”, elaborado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que durante cuatro años ha documentado la expansión de esta tecnología en distintos puntos del País. Esta vigilancia convierte el espacio público en un lugar hostil para nuestras libertades.

“Los sistemas de reconocimiento facial tratan a toda persona en el espacio público como si fuera sospechosa”, señala el informe.

Tecnología fallida y sesgada

El reconocimiento facial es una herramienta de inteligencia artificial (IA) que compara patrones biométricos del rostro para identificar personas, se vende como solución mágica contra el crimen. Pero R3D desmonta ese mito, esta es una tecnología plagada de errores.

Falsos positivos, fallos de identificación y sesgos raciales son comunes. Estudios internacionales han demostrado que los algoritmos fallan mucho más al reconocer a personas de piel oscura, mujeres o adultos mayores.

Además, muchos de estos sistemas han sido adquiridos por Gobiernos estatales y municipales sin licitaciones públicas ni estudios de impacto, lo que levanta sospechas sobre su legalidad y efectividad.

Sin regulación, sin control

Aunque en México existen leyes que protegen los datos personales no hay ninguna regulación específica para el uso del reconocimiento facial. Mientras tanto, las cámaras recogen información biométrica sin aviso ni permiso, violando el derecho a la privacidad de miles de personas.

Esto impacta no solo en la vida cotidiana, sino también en derechos fundamentales como la protesta, la reunión pacífica y la libertad de expresión. Saber que hay una cámara capaz de identificarnos en todo momento puede inhibir comportamientos legítimos y democráticos.

Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido que la recolección masiva y sin límites de datos biométricos representa una amenaza grave a los derechos humanos.

Discriminación automatizada

Uno de los hallazgos más inquietantes del informe es cómo esta tecnología reproduce y refuerza desigualdades. Comunidades indígenas, afrodescendientes y Lgbt son más propensas a ser mal identificadas. No es solo un problema técnico sino estructural, las bases de datos y algoritmos fueron entrenados con prejuicios y el resultado es una vigilancia desigual y peligrosa.

Además, el riesgo de filtración de datos biométricos es real. A diferencia de una contraseña, tu rostro no se puede cambiar si se ve comprometido.

¿Y ahora qué?

Ante este panorama, R3D propone una moratoria en el uso del reconocimiento facial en espacios públicos, al menos hasta que exista una regulación robusta que garantice el respeto a los derechos humanos.

También pide auditorías independientes, transparencia en las contrataciones gubernamentales y un debate público que ponga en el centro el derecho a la privacidad. Porque la tecnología no debe ser una excusa para espiar sin límites.

“No se trata de estar contra la tecnología, sino de exigir que se use con responsabilidad y respeto a nuestros derechos”, concluye el informe.