Trump refuerza control migratorio con lista de vetados

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó este jueves que el personal diplomático y los trabajadores de organismos internacionales no se verán afectados por la más reciente medida migratoria impuesta por el gobierno de Estados Unidos, la cual restringe el ingreso de ciudadanos provenientes de hasta doce países, principalmente del continente africano.

El anuncio busca disipar la incertidumbre surgida tras la proclamación firmada el miércoles por el presidente Donald Trump, que impone una prohibición total de entrada a ciudadanos de Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. La orden, que entrará en vigor el próximo 9 de junio, también establece restricciones parciales para visitantes de otros siete países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

En rueda de prensa, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó que Estados Unidos —en calidad de país anfitrión de la sede principal de la organización— tiene obligaciones jurídicas, derivadas de tratados internacionales, que le exigen facilitar el ingreso del personal oficial y diplomático que presta funciones en organismos multilaterales.

“Estados Unidos, como país anfitrión, al igual que otros países anfitriones de la sede de la ONU, tiene responsabilidades basadas en tratados para facilitar los viajes del personal y los delegados de la ONU”, explicó Dujarric desde Nueva York.

Aunque reconoció que cada nación tiene el derecho soberano de definir su política fronteriza, Dujarric reiteró que cualquier sistema de control migratorio debe fundarse en el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.

“Nuestra posición, en cualquier parte del mundo, es que cualquier política que se aplique debe salvaguardar la dignidad humana”, añadió.

La orden firmada por Trump impone una prohibición total de entrada a ciudadanos de países como Chad, Sudán, Somalia y Eritrea, y restringe el acceso de personas originarias de otros siete países, entre ellos Venezuela, Nigeria y Burundi. El documento advierte además que la lista podrá ampliarse si se identifican nuevas amenazas a la seguridad nacional.

Esta decisión ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas internacionales, quienes consideran que la medida, además de afectar relaciones diplomáticas, podría tener consecuencias humanitarias graves para ciudadanos que buscan protección o reencuentro familiar.

No obstante, la exclusión de diplomáticos y personal de organizaciones internacionales parece ser una decisión calculada para evitar una violación directa del derecho internacional, particularmente de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, suscrita en 1946, la cual obliga a los países anfitriones a garantizar el libre tránsito del personal vinculado a la organización.

Con esta nueva medida, la administración Trump continúa su línea de endurecimiento migratorio, una política que ha marcado su agenda internacional desde el inicio de su mandato y que, con frecuencia, ha tensado las relaciones multilaterales y generado divisiones dentro del propio país.