La semana pasada marcó el fin de una época en el país. Terminó la etapa donde ningún partido o fuerza política tenía por sí solo la mayoría calificada en el  Congreso y, por tanto, se obligaba a dialogar con la oposición para cambiar la constitución. Muy probablemente concluyó también el periodo de la transición democrática. 

Con la aprobación de la reforma al Poder Judicial por el Senado de la República, y en menos de 24 horas por al menos 17 de los Congresos Estatales, se derribó la última barricada que defendía el régimen de contrapesos que establece el artículo cuarenta y nueve de la Constitución y volvimos al régimen de partido hegemónico que se propuso eliminar la lucha democrática en el país.

Esta primera acción de la naciente legislatura fue una demostración de lo que será el poder de Morena y aliados al tener mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso (en el caso del Senado con la reciente compra de Yunes a cambio de impunidad). Fue también la primera demostración de las implicaciones del error que cometió el INE, y validó el Tribunal Electoral, al otorgar mayoría calificada a una sola fuerza política quebrado el espíritu de ley electoral y de la lucha democrática en su conjunto.  

Para la mayoría de los jóvenes la transición democrática tal vez no les diga nada porque no saben que hubo una vez un México donde los partidos de izquierda, en específico el Partido Comunista, estaban prohibidos y tenían que actuar en la clandestinidad. Una época donde solo eran legales los partidos paleros del gobierno (PPS y PARM) que no representaban peligro alguno para el entonces partido hegemónico que era el PRI.

Eran los tiempos donde había elecciones, pero siempre ganaba el mismo partido. Existían las instituciones formales de la democracia y la división de poderes, pero siempre se hacía lo que el presidente de la república disponía. A ese régimen de partido hegemónico Mario Vargas Llosa llamó “la dictadura perfecta”. 

La transición democrática partió de las luchas sindicales y estudiantiles de los años sesenta y setenta con los reclamos de espacios de libertad y democracia que culminaron con la promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) de 1978, impulsada por Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, convencido de que era necesario abrir espacios para que la disidencia se expresara legalmente y no optara por la lucha armada. 

La LOPPE permitió que se legalizara el Partido Comunista Mexicano y después el Partido Revolucionario de los Trabajadores que actuaban en la clandestinidad.   

Fue el inicio de un largo proceso de lucha para, primero, sacar la organización de las elecciones de la Secretaría de Gobernación y, segundo, construir un órgano electoral autónomo, imparcial y transparente para que organizara las elecciones y contara los votos. Fue así como en 1986 se aprobó el COFIPE (Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales); en 1989 se introdujo el concepto de Representación Proporcional para escuchar a las minorías a pesar de que no ganaban distritos electorales uninominales ante la planadora priista de entonces. En 1990 se creó el IFE (Instituto Federal Electoral) que sustituyó a la Comisión Federal Electoral (CFE) que pertenecía a la Secretaría de Gobernación. 

Posteriormente, en 1992, se aprobó la credencial con fotografía, en 1994 se crearon los Consejos Ciudadanos para que fueran personas sin partido y de reconocido prestigio las que conformaran el máximo órgano de autoridad del organismo electoral. En 2005 se aprobó el voto de los mexicanos en el exterior; la equidad de género en las candidaturas en 2011; y, finalmente, la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral (INE). Fue un proceso largo pero fructífero.

La columna vertebral de este cambio institucional de gran calado fue el acuerdo de todos los partidos políticos forzado por la constitución y la ley electoral al requerir la aprobación de las dos terceras partes de las cámaras para modificar la Carta Magna, lo mismo que el impedimento legal para que una sola fuerza política pudiera tener esa mayoría calificada. El problema fue que, en lugar de fuerza política o coalición, se anotó la palabra partido en el artículo 54 constitucional, a pesar de que toda la lógica de la reforma a la legislación electoral es la de obligar al diálogo con la oposición para modificar el pacto social que significa la constitución.

Adicionalmente, se permitió que la fuerza política ganadora tuviera una sobre representación de máximo ocho por ciento sobre el porcentaje obtenido en las urnas. Cuando el INE actual interpretó que cada partido de la coalición ganadora podría tener ese porcentaje de representación, distorsionó todo el espíritu de la reforma electoral y otorgó una representación indebida a la coalición ganadora en las cámaras del congreso (73 por ciento, cuando obtuvieron solo 53 por ciento de la votación). Esa sobre representación de unos llevó a una subrepresentación de la oposición (24 por ciento cuando obtuvo 44 por ciento de la votación).

Las consecuencias de esa decisión serán profundas y potencialmente catastróficas para la democracia en el país. La aprobación de la reforma al Poder Judicial es solo el primer paso. Por ello, lo que ha sucedido estas últimas semanas ha marcado el final de una época. Se trata del final de la transición democrática y el regreso al régimen de partido hegemónico. Es triste y trágico volver al punto de partida de una lucha que costó tanto esfuerzo y cobró vidas en el proceso. 

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