Es indudable que el gran reto de las ciudades costeras de Sonora para sobrevivir en las próximas décadas es el agua. Lo es también para Arizona con quien estamos enlazados al ser parte del mismo desierto. 

Hoy el fenómeno del nearshoring ofrece nuevas oportunidades de crecimiento para ambas entidades, pero éstas en buena medida dependen de que se encuentre solución de largo plazo al problema del agua. 

En el caso de Sonora, la ruta parece haber sido trazada en el Plan Hídrico Sonora (PHS). De acuerdo con lo expresado en ese documento, el escenario que dominará los próximos 30 años (visión 2023-2053) será el de escasez del agua, de ahí que el Plan se conciba como “un instrumento de visión y planeación” cuyo objetivo es “garantizar el abasto de agua potable para todos los municipios” durante las próximas tres décadas.

El enfoque que subyace a todo el PHS es que en hay suficiente agua para resolver las necesidades de la población y del desarrollo económico, solo se requiere modificar las prioridades de su uso, un manejo eficiente, así como su tratamiento y reciclaje. En el plan solo de manera complementaria se contempla la desalinización con el enunciado de la construcción de tres plantas (Puerto Peñasco, Puerto Libertad y Hermosillo).

El PHS contempla una cartera de 72 proyectos y una inversión de más de 32 mil millones de pesos en las próximas tres décadas. Destacan la construcción de acueductos; tres nuevas presas, varios represos y bordos de contención; obras de saneamiento y proyectos hidroagrícolas diversos. 

Un aspecto que acompaña a la priorización del uso del agua para consumo humano es el cambio en el patrón de cultivos de las regiones del sur del estado. Actualmente, según información del propio PHS, el sector agrícola usa hasta el 90 por ciento del agua disponible. 

Este cambio no es menor, enfrentará la oposición de los agricultores y requerirá de enormes recursos de parte del gobierno federal. Además, el proceso podría llevar mucho tiempo ya que, de no haber un acuerdo con los usuarios, es de esperarse que haya litigios sobre los derechos del agua. 

En el caso de la construcción de una nueva presa sobre la cuenca del Río Sonora, no se entiende claramente su propósito cuando ya está la presa del Molinito y la propia Abelardo L. Rodríguez, salvo que se intente debilitar el acuífero de la zona de los campos vitivinícolas de Pesqueira, cuyos derechos de extracción inexplicablemente fueron otorgados para favorecer a empresarios ligados a políticos del pasado. 

De ser esto así, esta acción debería de acompañarse de la prohibición en la ley de que esto vuelva a pasar. Más lógica se ve en la presa para almacenar los escurrimientos y controlar las avenidas de la zona nororiente de la región de Guaymas Empalme. Solo que, si se piensa usar para recargar el acuífero y usarse para abastecer a ambas ciudades, debería acompañarse de la misma prohibición para otros usos.

El PHS también destaca la importancia de reconstruir casi completamente las redes de distribución de agua potable y alcantarillado de todas las ciudades del estado, además de dotarlas de obras eficientes de drenaje pluvial que permitan el control y aprovechamiento del recurso.

Estas obras requieren enormes cantidades de recursos públicos que por ahora no están disponibles.

Hay muchos otros aspectos que se mencionan en el PHS, como el perfeccionamiento de los instrumentos de medición de la extracción de agua y de su distribución, así como la necesidad de contar con un organismo administrador de agua eficiente y con capacidad técnica y de planeación de largo plazo. Para ello propone contar con una nueva ley estatal de aguas. Esto parece más factible, aunque también requiere de recursos.

Por otro lado, el PHS tiene algunas insuficiencias: primero, no contiene metas ni indicadores que permitan darle seguimiento puntual a su ejecución, por lo que parece un listado de buenas intenciones; segundo, parece poco factible en la práctica la visión de lograr el nivel de eficiencia en la captación, uso, distribución y reutilización de las aguas de las cuencas de los ríos. De eso se ha hablado siempre y nada se ha hecho. No se aclara el por qué y con qué mecanismos se va a hacer esto posible. 

Un tercer aspecto es que el enfoque en materia de recursos descansa casi exclusivamente en los recursos públicos, los que tendrían que ser federales porque las finanzas estatales no dan para eso. 

Un siguiente aspecto es que toda la regulación de los derechos del agua, su extracción y su manejo es federal, por lo que una nueva ley estatal de agua ayuda, pero no resuelve el problema salvo que se reforme la ley federal para apoyar al PHS. 

Finalmente, tengo la impresión de que se requeriría de un gran proyecto estratégico federal, similar al de construcción de las presas y desarrollo de los distritos de riego de mediados del siglo XX, para darle futuro en materia de agua a las ciudades del desierto. 

En este gran proyecto la desalinización de aguas del mar no debiera estar ausente.

 mvalenzu55@yahoo.com.mx